14/12/10
Situación crítica de los ferrocarriles
La política oficial en materia ferroviaria mantiene  y agrava problemas heredados en ese sistema de transporte con, además,  crecientes sospechas de corrupción. 
El sistema ferroviario argentino tuvo históricamente  serios defectos y causó grandes erogaciones al Estado Nacional, pero la  privatización realizada en los años noventa, lejos de racionalizar el servicio,  lo deterioró aún más al tiempo que siguió absorbiendo elevados subsidios  públicos. La recuperación de la economía a partir de 2003, acompañada de un  incremento en los volúmenes de mercaderías para transportar, especialmente del  sector agrícola, crearon la posibilidad y la necesidad de iniciar la  reconstrucción de los ferrocarriles.  Sin  embargo, la política oficial no modificó el cuadro heredado. Se dispuso un  congelamiento de las tarifas del transporte de pasajeros que fue compensado con  crecientes y muy opacos subsidios, que no sirvieron para aumentar la inversión  y no se revirtió el deterioro de los talleres ferroviarios. En las últimas semanas,  los mails de Manuel Vázquez, el intermediario de Ricardo Jaime en diversas  negociaciones con empresas extranjeras, sacaron a la luz, además, operaciones  sospechosas y algunas abiertamente ilegales para la compra de material  ferroviario en Europa que en gran parte permanece inutilizable, así como  gestiones cuestionables en negociaciones por la licitación de el proyectado  tren de alta velocidad. También han creado sospechas de precios elevados o  costos ocultos, sobre compras recientes de material ferroviario realizadas en  España y en China. La investigación por el asesinato de un activista en el  contexto de un conflicto sindical ferroviario puso en primer plano, finalmente,  la opaca trama de sociedades que administran líneas ferroviarias en crisis permanente,  en la que participan sindicalistas, empresarios amigos del Gobierno y el  Estado.  Ante este cuadro, para los  organismos competentes y el Congreso se plantea la necesidad de investigar los  contratos y manejos societarios de los ferrocarriles; y, para los  especialistas, el diseño de una política para la recuperación del sistema. La  política oficial agrava los problemas heredados del sistema ferroviario y está,  además, rodeada de crecientes sospechas de prácticas de corrupción. (Clarín)
    
